Análisis del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la U.E. y EE.UU (Parte II) (página 2)

In terms of labour market impacts, wage effects are in line with changes in output and so are consistent with an interpretation of general cost savings that lead to productivity gains as firms operate with lower NTB-related costs for transatlantic commerce. It should be stressed that the model is a long-run model, where sources of employment and unemployment are "structural." In this sense, changes in labour demand are captured through wage changes (in this case rising wages) rather than aggregate employment levels. As wages increase in the experiments, this means a rising demand for labour. At sector level, roughly 0.2 to 0.5 per cent of the EU labour force (in terms of allocation across sectors) is de-located. However, this is due to "pull factors" as expanding sectors (like motor vehicles in the case of the EU) hire workers away from other sectors (like metals).

The impact on the rest of the world is estimated to be positive and amounts to a total of approximately 99 billion euros as an upper bound in the ambitious FTA scenario. The EU and US, collectively, are a huge economic force. To the extent that they can work together to better promote establishment and recognition in standards, reduce regulatory divergence, and otherwise reduce the impact on rules and regulations on the cost of business, it is likely that parts of such a framework (for example recognized product or safety standards) will be adopted elsewhere, reducing trade costs for third markets, which is captured in the model by introducing spill-overs to the simulations. To the extent the EU and US together drive global standards, this has potential to promote economic gains across the globe.

Depending on the approach followed, EU-US trade liberalisation has the potential to make a positive contribution not only to the transatlantic economy but also to the global economy…

Informe: El acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión (Mayo 2014) – John Hilary

(Reproducción parcial)

Resumen

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Barack Obama fue el primero en anunciar sus intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIP durante su discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EEUU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.

Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EEUU, pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las "barreras" reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, estas "barreras" son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.

Además de su programa desregulador, el TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación. Lo más preocupante es que el TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública. En la práctica, este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EEUU.

Así pues, el TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino como un intento por parte de las empresas transnacionales de abrir y desregular mercados a los dos lados del Atlántico. Las amenazas que supone este tratado están suscitando cada vez más preocupación entre la ciudadanía de la UE y los EEUU, y algunos grupos de la sociedad civil están aunando fuerzas con académicos, parlamentarios y otras personas para evitar que funcionarios del gobierno pro-empresariales renuncien a las normativas clave en materia social y medioambiental anteriormente mencionadas. Se anima a todas las personas a oponerse al TTIP, poniéndose en contacto con las campañas locales correspondientes o lanzando su propia campaña.

1 – ¿Qué es el TTIP?

Diversos grupos empresariales a los dos lados del Atlántico llevan soñando desde hace mucho con un acuerdo comercial y de inversión corporativista entre la UE y los EEUU. En 1995 se constituyó el Diálogo Empresarial Transatlántico, un grupo exclusivo formado por los directores generales de las compañías más poderosas de Europa y Estados Unidos, con el objetivo de presionar para conseguir la eliminación de las normativas que afectan a las empresas transnacionales que operan en estas dos zonas. Para lograr tal fin, no ha dejado de defender de forma sistemática la idea de un acuerdo de amplio alcance. La creación del Consejo Económico Transatlántico en 2007 supuso para el Diálogo Empresarial Transatlántico una nueva oportunidad de presionar para la creación de un área comercial de libre comercio basada en la desregulación de mercados tanto en la UE como en los EEUU.

En respuesta a estas presiones, la Comisión Europea y funcionarios estadounidenses anunciaron en noviembre de 2011 la organización de un grupo de trabajo de alto nivel con el objetivo de "identificar y evaluar opciones para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre los EEUU y la UE". Poco después, la Comisión Europea emprendió una serie de más de 100 reuniones a puerta cerrada con determinadas compañías y defensores de los intereses empresariales con el objetivo de establecer su posición en las negociaciones. Estas reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la Comisión se vio obligada a admitir su existencia para no vulnerar el derecho a la libertad de información. El Diálogo Empresarial Transatlántico se unió a la US Business Roundtable (la Mesa Redonda Empresarial Estadounidense) y a la Mesa Redonda de Industriales Europeos para exigir una ambiciosa alianza comercial y de inversión entre la UE y los EEUU.

El presidente Barack Obama anunció de forma oficial el inicio de las negociaciones encaminadas a alcanzar un amplio Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) durante el discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en julio de 2013. Ambas partes esperaban que las negociaciones pudieran finalizarse en dos años, evitando así que coincidieran con el comienzo de la campaña de las elecciones presidenciales en los EEUU, que empezará en serio durante 2015. Teniendo en cuenta que en 2014 se elegirá un nuevo Parlamento Europeo y se formará una nueva Comisión Europea, el propósito de finalizar una serie de negociaciones tan controvertidas y complejas deprisa y corriendo ("on one tank of gas", en palabras de los negociadores estadounidenses) es extremadamente temerario.

El TTIP no es un acuerdo comercial tradicional concebido principalmente para reducir los aranceles sobre las importaciones entre dos socios comerciales, pues los aranceles entre la UE y los EEUU son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Funcionarios de ambas partes reconocen que el verdadero y principal objetivo del tratado es eliminar las "barreras" reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales en los mercados europeo y estadounidense. Esto implica eliminar o relajar las normativas básicas en materia social y medioambiental, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de datos e incluso las nuevas regulaciones en el sector bancario introducidas para prevenir otra crisis como la de 2008. El mandato de negociación de la Comisión Europea (clasificado como confidencial según las normas de la UE, y en consecuencia sólo disponible como documento filtrado) considera la eliminación de los obstáculos regulatorios como una de las prioridades más importantes del TTIP, lo que contradice las posteriores declaraciones de la Comisión, que afirma que la desregulación no está incluida en la agenda. Asimismo, el gobierno estadounidense ha manifestado su interés en la eliminación de regulaciones y normativas europeas básicas durante las negociaciones, como se explica más adelante en este informe.

El acuerdo también busca crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad y la educación. Funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres prioridades del TTIP es "completar el mercado único" dentro de la UE, en concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros Estados miembros. Lo más preocupante es que el TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc para reclamar pérdidas de beneficios resultantes de decisiones sobre política pública (véase más adelante). En la práctica, este mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EEUU.

Así pues, el TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino como un asalto a las sociedades europea y estadounidense por parte de las corporaciones transnacionales con el objetivo de abrir y desregular mercados a ambos lados del Atlántico. En un documento interno filtrado y publicado en diciembre de 2013, la Comisión Europea afirmó que el tipo de regulaciones que se verían afectadas por el TTIP abarcan legislación básica de la UE (tanto reglamentos como directivas), medidas de ejecución y actos delegados, así como regulaciones introducidas por Estados miembros de la Unión. Por lo que se refiere a los EEUU, el acuerdo afectaría a proyectos de ley aprobados por el Congreso, normas federales y también normativas adoptadas por determinados Estados. Karel de Gucht, comisario de Comercio de la UE, confirmó que el cometido del TTIP es eliminar normativas en los dos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente: "Las barreras reguladoras son más complicadas de eliminar que las barreras comerciales tradicionales… No será fácil pero valdrá la pena.

2 – Opaco y antidemocrático

En un informe de relaciones públicas publicado en septiembre de 2013, la Comisión Europea declaraba que el TTIP no supone ninguna amenaza para las normativas referentes a la sanidad, la seguridad, el medio ambiente o la seguridad financiera porque las "negociaciones serán transparentes". Nada más alejado de la realidad. Sólo dos meses antes, el jefe del equipo negociador de la UE, Ignacio García Bercero, aseguraba en una carta a su homólogo estadounidense que la Comisión Europea bloquearía el acceso público a todos los documentos relacionados con las negociaciones o el desarrollo del TTIP y que no serían accesibles para el público durante los próximos 30 años. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, explicó al Parlamento Europeo que la Comisión abordaría el TTIP con el mismo nivel de secretismo con el que pactó acuerdos comerciales previos e instó a los miembros del Parlamento a respaldar la "confidencialidad" en las negociaciones.

Aunque todo lo referente a las negociaciones en torno al TTIP se rodea de secretismo, la Comisión Europea reserva las restricciones de acceso más estrictas para los documentos más importantes, a saber las exigencias de desregulación de los negociadores estadounidenses a los Estados miembros de la UE. Como se señala en los protocolos de la Comisión, se negará el acceso a estos documentos incluso a funcionarios del gobierno de los Estados miembros, excepto en salas de lectura designadas a tal fin y de las que dichos documentos no se podrán sacar o copiar. Es más, no se permitirá a los parlamentarios electos de los Estados miembros conocer las exigencias que EEUU presenta a sus propios estados, a pesar del impacto potencial de estas en las vidas de sus electores. En una jugada que recuerda al espionaje durante de la Guerra Fría, la Comisión Europea incluso ha etiquetado los documentos oficiales del TTIP con marcas secretas, de manera que sea posible seguir su pista hasta la fuente de posibles filtraciones.

Otra prueba del celo con que se está tratando el acceso a la información es la reunión a la que la Comisión Europea convocó en noviembre de 2013 a los representantes de los Estados miembros de la UE. El objetivo de la reunión fue enseñarles cómo controlar y coordinar la comunicación futura referente al TTIP. Para la reunión se redactó un documento interno de la Comisión Europea (posteriormente filtrado y publicado por la revista danesa Notat) que instaba a los Estados miembros a trabajar conjuntamente para combatir la creciente preocupación ciudadana frente al hecho de que el TTIP "debilitaría las regulaciones y los niveles de protección existentes en ámbitos como la sanidad, la seguridad y el medio ambiente". La Comisión llegó a sugerir que el lanzamiento de su nueva cuenta de Twitter dedicada a las negociaciones del acuerdo se presentase como prueba de transparencia, pese a su clara función, tanto entonces como ahora, como medio de propaganda para el equipo europeo de negociaciones del TTIP.

Del mismo modo, a los miembros del Congreso de los EEUU se les negará el acceso a las demandas que la UE haga a los diferentes estados federados. Sin embargo, los borradores de posiciones en las negociaciones se compartirán con los asesores corporativos del gobierno estadounidense, quienes podrán compartirlos a su vez con sus contrapartes empresariales europeas. La creciente concienciación entre la opinión pública estadounidense de la amenaza que puede suponer el TTIP para su calidad de vida ha aumentado la preocupación de que el Congreso pueda presentar obstáculos a las negociaciones; en especial sobre las intenciones manifestadas por la UE de eliminar la popular disposición "Buy American", que apoya el empleo y los negocios locales en muchos estados federados. En un intento por evitarlo el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, viajó a los EEUU en septiembre de 2013 con un folleto especialmente redactado para la ocasión y diseñado con el propósito de convencer a cada uno de los 50 estados norteamericanos de los beneficios potenciales que les puede ofrecer el TTIP.

Mientras que las negociaciones se llevan a cabo bajo la más estricta confidencialidad, el TTIP aspira a instaurar su propia noción de "transparencia", la cual hará posible que corporaciones transnacionales puedan interferir en la introducción de futuras regulaciones que puedan limitar sus beneficios. El gobierno estadounidense instó públicamente a conceder a las empresas más poder a la hora de establecer normativas reguladoras a los dos lados del Atlántico, a lo que la Comisión Europea respondió proponiendo la creación de un Consejo de Cooperación Regulatoria. Este consejo no sólo controlaría la aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación sino que además les daría a las empresas el poder de escoger y eliminar otras normativas una vez finalizadas las negociaciones del TTIP, así como de recibir notificación de todas las proposiciones de normativas nuevas antes de su introducción y tener la potestad de eliminar las restricciones no deseadas sobre actividades comerciales. En noviembre de 2013 se avanzó un poco más hacia este nuevo poder de las empresas a la hora de controlar las normativas reguladoras, cuando los negociadores de la UE y los EEUU acordaron crear el Consejo como parte del acuerdo del TTIP.

3 – Una amenaza "prolongada y considerable" para el empleo

Se ha insistido mucho sobre los beneficios económicos que traerá consigo el TTIP. La cifra más frecuentemente citada proviene de una evaluación de impacto encargada al Centro de Investigación de Política Económica por la Comisión Europea, cuya hipótesis más optimista afirma que los resultados económicos de la UE podrían mejorar en un 0,5% para el año 2027 como resultado del acuerdo entre los EEUU y la UE. Sin embargo, investigadores independientes han tachado esta afirmación de "engañosa", y han advertido sobre las falsas premisas del estudio, mientras que los beneficios resultado del TTIP que en realidad cabe esperar han sido calificados de "insignificantes" por el experto responsable de llevar a cabo las evaluaciones de los acuerdos de libre comercio de la UE durante 10 años.

Por lo que respecta a las pérdidas de puestos de trabajo que normalmente resultan de los acuerdos de libre comercio, la Comisión Europea ha admitido que es probable que el TTIP provoque perjuicios "prolongados y considerables" para los trabajadores europeos, ya que el acuerdo alentará a las empresas a abastecerse de productos y servicios de los EEUU, donde las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen. En una época en que los niveles de desempleo en Europa ya alcanzan cifras con un paro juvenil de más del 50% en algunos de los Estados miembros, la Comisión Europea reconoce que existe una "preocupación legítima" de que los trabajadores que pierdan su empleo a causa del TTIP no puedan volver a trabajar. Para asistir al gran número de desempleados adicionales que se prevén, la Comisión ha aconsejado a los Estados miembros de la UE echar mano de fondos de ayuda estructurales como el Fondo de Adaptación a la Globalización o el Fondo Social Europeo, dotado con 70.000 millones de euros a distribuir en los próximos siete años, entre 2014 y 2020.

Los trabajadores estadounidenses ya están acostumbrados a estas pérdidas de empleo por su experiencia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos, Canadá y México, el cual entró en vigor en 1994. Como está sucediendo con el TTIP, a los sindicatos estadounidenses se les hicieron "falsas promesas" de cientos de miles de puestos de trabajo extra para convencerles de que apoyaran el NAFTA. En realidad, según el estudio del Instituto de Política Económica sobre los 12 primeros años del tratado, el NAFTA causó una pérdida neta de más de un millón de puestos de trabajo en los EEUU y un descenso significativo de los salarios de millones de trabajadores. La evaluación de impacto del TTIP encargada por el gobierno estadounidense se ha mantenido en secreto, pero la evaluación de la Comisión Europea sugiere que el TTIP también conllevará perjuicios considerables para los trabajadores estadounidenses, que se sumarán a los 12 millones de personas que ya están oficialmente en paro en los EEUU.

También preocupa la posibilidad de que el TTIP lleve a rebajar todas aquellas normativas laborales que se consideren una "barrera" para el comercio, como los convenios colectivos, que podrían verse amenazados al establecer limitaciones al modelo de negocios competidor, por nombrar sólo un ejemplo mencionado en un informe para la Comisión Europea sobre medidas que representan un "obstáculo" en el comercio entre la UE y los EEUU. Como es bien sabido, los Estados Unidos se negaron a ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre normas laborales básicas como la negociación colectiva, la libertad de asociación y el derecho a organizarse. Además, aproximadamente la mitad de los estados de EEUU han adoptado recientemente legislación antisindical bajo el marco del llamado "derecho a trabajar", el cual perjudica las cuentas de los sindicatos y permite a las empresas recortar las pagas, el seguro médico y las pensiones de los y las trabajadoras. Las empresas, en su afán por rebajar los mínimos, ven el TTIP como una oportunidad para deslocalizar la producción hacia lugares donde los salarios y los derechos de los y las trabajadoras sean menores con el fin de reducir los costes laborales e incrementar sus beneficios. La Comisión Europea es conocida por apoyar las demandas de grupos empresariales europeos que quieren suprimir derechos laborales y de salarios en la Unión Europea.

Además, según las disposiciones de protección del inversor propuestas en el TTIP, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de corporaciones europeas o estadounidenses. La compañía francesa Veolia acaba de interponer una demanda de este tipo contra Egipto en relación a su contrato a 15 años para la eliminación de residuos en Alejandría; un contrato que la compañía cesó en octubre de 2011. Veolia está intentando conseguir una indemnización del Estado egipcio basándose, entre otras cosas, en que sus márgenes de beneficios se vieron afectados de forma adversa por los esfuerzos del Consejo Nacional de Salarios de mantener los sueldos en los sectores público y privado en sintonía con la inflación. El temor a enfrentarse a casos similares si se aprueba el TTIP podría tener un efecto amedrentador y disuadir a países a la hora de introducir en el futuro mejoras en las condiciones laborales.

4 – Desregulación de la seguridad alimentaria

Las regulaciones europeas en materia de seguridad alimentaria, incluidas las restricciones referentes a los organismos genéticamente modificados (OGM), los pesticidas, la carne tratada con hormonas y los promotores de crecimiento, se cuentan entre los principales objetivos a eliminar para los grupos empresariales en el marco de las negociaciones en torno al TTIP. Los productores de alimentos en los EEUU no deben cumplir las mismas normativas medioambientales o de bienestar animal que sus contrapartes europeas y llevan tiempo intentando eliminar los controles de la UE que restringen la venta de sus productos en los mercados europeos. El gobierno estadounidense ha manifestado de manera explícita desde el primer momento que hará uso de las negociaciones del TTIP para revisar las regulaciones europeas que bloquean las exportaciones de alimentos de los EEUU, precisamente las mismas normativas sobre seguridad alimentaria que la ciudadanía europea lleva defendiendo desde hace décadas.

En el centro del debate se encuentra el uso por parte de la UE del "principio de cautela" a la hora de establecer estándares sobre seguridad alimentaria. Según este principio, se puede sacar un producto del mercado si existe riesgo de que pueda suponer un peligro para la salud de las personas, aunque no haya pruebas científicas suficientes en las que basar una evaluación completa de dicho riesgo. Y lo que es más significativo, el principio de cautela adjudica a las compañías que quieren introducir un producto peligroso en el mercado la responsabilidad de demostrar que no lo es: en lugar de ser las instancias públicas las que prueben que el producto es peligroso, se exige a la compañía que demuestre que es seguro. El gobierno de los EEUU no aplica el principio de cautela y los intereses corporativos han conseguido mantener los estándares de seguridad alimentaria en el país a niveles mucho más bajos que en Europa.

El programa de "convergencia normativa" del TTIP intenta acercar las normativas europeas a las estadounidenses. A continuación se ejemplifican algunos de los riesgos que esto puede conllevar:

?? Hoy en día, aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados. Como resultado de la fuerte resistencia popular, en cambio, apenas hay alimentos genéticamente modificados en los supermercados europeos, y todos aquellos alimentos que contengan ingredientes modificados genéticamente deben señalarlo claramente en el etiquetado. Las empresas de biotecnología estadounidenses están usando el TTIP para atacar los reglamentos de la UE, y el gobierno de EEUU está intentando cambiar la política de etiquetado obligatorio de la UE con el objetivo de aumentar la presencia de los OGM en Europa.

?? Uno de los reglamentos fundamentales que los productores de alimentos estadounidenses han establecido como estándares a rebajar en el marco del TTIP es el sistema de controles en materia de uso de pesticidas de la Unión Europea. Los reglamentos de 2009 consagran el principio de cautela como base del sistema europeo de control de pesticidas con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Estas regulaciones ya se han incorporado en la agenda del TTIP, afirman los negociadores principales, con el ánimo de dejar atrás incluso las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reducir la normativa para que represente un mínimo obstáculo para las empresas.

?? Los controles de la UE en materia de disruptores endocrinos (substancias químicas que afectan al sistema hormonal humano) establecen niveles máximos de contaminación que bloquearían el 40% de la exportación de alimentos estadounidenses a Europa. Diferentes grupos industriales de EEUU están intentando usar el TTIP para eliminar estos controles.

?? Más del 90% de la carne en los Estados Unidos se produce usando hormonas de crecimiento bovinas. Estas hormonas han sido relacionadas con cánceres en humanos y, en consecuencia, existen en la UE restricciones a la importación de carne estadounidense desde 1988. El gobierno estadounidense ya ha puesto en tela de juicio estas restricciones dentro de la OMC, y algunos grupos empresariales están exigiendo su retirada en el marco del TTIP, argumentando que se trata de barreras al comercio "innecesarias".

?? Los productores estadounidenses de pollos y pavos tratan las aves con cloro antes de venderlas a los consumidores, proceso que ya se prohibió en la UE en 1997. Una vez más, el gobierno estadounidense ha cuestionado esta prohibición a través de la OMC, y diversas empresas estadounidenses reclaman su eliminación en las negociaciones del TTIP. La Comisión Europea ya había intentado anteriormente levantar la prohibición, pero diferentes expertos veterinarios y parlamentarios europeos se opusieron y lo impidieron.

La Comisión Europea ha mantenido numerosas reuniones secretas con representantes de la industria alimentaria deseosos de rebajar las regulaciones de la UE sobre seguridad alimenticia, por lo que no parece ser la mejor valedora para defender los intereses de los consumidores en materia de sanidad. En un informe interno de toma de posiciones compartido con el gobierno estadounidense antes de la primera ronda de negociaciones del TTIP, la Comisión estuvo conforme con revisar las medidas europeas sobre seguridad alimentaria "con la finalidad de eliminar barreras innecesarias". Como muestra de su voluntad de satisfacer las exigencias estadounidenses, la Comisión ya ha levantado a nivel europeo la prohibición que pesaba sobre las importaciones de cerdos vivos y carne rociada con ácido láctico proveniente de Estados Unidos, a pesar de las objeciones de diversos Estados miembros.

5 – Desregulación medioambiental

La Comisión Europea ha admitido abiertamente que el TTIP afectará de forma negativa al medio ambiente, ya que se da por sentado que en el futuro comercio entre la UE y EEUU una vez aprobado el TTIP la producción, el consumo y los intercambios internacionales de mercancías se verán incrementados. La propia evaluación de impacto de la Comisión señala que este aumento en la producción causará a su vez "riesgos para los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad". Por lo que respecta a las emisiones de gases invernadero, la Comisión declara que, en la versión del acuerdo que prefiere, se liberarán a la atmósfera 11 millones de toneladas de CO2 más, lo que pondrá en entredicho los propios propósitos de reducción de emisiones de la UE acordados en el Protocolo de Kyoto. Aun así, ninguna de estas observaciones ha hecho que la Comisión se replantee su apoyo al TTIP.

Uno de los riesgos más inmediatos del TTIP es la debilitación de algunas regulaciones medioambientales clave en la Unión Europea, regulaciones que garantizan un nivel de seguridad mucho más elevado que en Estados Unidos. Principalmente se verá amenazado el reglamento REACH en materia de substancias químicas, creado en 2007 para proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a substancias peligrosas que usan las empresas en la fase de producción o en otros procesos. Este marco reglamentario se basa en el principio de cautela ya descrito anteriormente, que exige a las industrias que demuestren que una substancia química es segura antes de obtener el permiso para su uso comercial. La Ley sobre el Control de Substancias Químicas estadounidense (TSCA, por sus siglas en inglés) de 1976, en cambio, exige a los inspectores públicos demostrar que una substancia química es peligrosa para poder limitar su uso, y toda restricción se limita a las medidas menos onerosas posibles. Desde la introducción de la TSCA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense solamente ha conseguido introducir controles en seis de las 84.000 substancias químicas en uso comercial en los EEUU desde 1976. Un régimen de vigilancia tan laxo tiene consecuencias inmediatas sobre la exposición a riesgos de la salud pública: mientras que la UE prohíbe el uso de 1.200 substancias en cosméticos, por ejemplo, EEUU solamente prohíbe una docena.

Hace tiempo que grupos ecologistas y de interés público estadounidense hacen campaña para que se reemplace la TSCA por reglamentos más en la línea del REACH. Por otra parte, grupos de presión del sector empresarial se han opuesto enérgicamente a los requisitos de seguridad de la UE y están intentando usar el marco desregulador del TTIP para "armonizar" las regulaciones del REACH con las normas estadounidenses, más laxas. La Comisión Europea admite la incompatibilidad fundamental entre los enfoques europeo y estadounidense, pero sigue buscando una posible "convergencia y reconocimiento regulatorios en materia de substancias químicas" en nombre de sus socios en la industria. Las compañías europeas están contentas de poder aunar fuerzas y usar el TTIP para eliminar las regulaciones medioambientales, a las que culpan de ponerlas en situación de desventaja frente a sus competidores globales.

Un gran número de otras normativas medioambientales importantes están amenazadas por el programa desregulador del TTIP. Los productores de agrocombustibles de los EEUU ya han manifestado su interés en "armonizar" las exigencias de sostenibilidad de la Directiva sobre Energías Renovables de la UE con las laxas normativas estadounidenses al respecto. También el gobierno estadounidense está usando el TTIP para socavar la Directiva de Calidad de Combustibles de la Unión Europea con el objetivo de allanar el camino a las refinerías de su país para exportar petróleo a Europa extraído de las arenas bituminosas canadienses, con las devastadoras consecuencias para el medio ambiente que supone. Además, el TTIP abriría las puertas a las exportaciones masivas de gas de esquisto estadounidense a Europa, lo que llevaría a la expansión de la fractura hidráulica (el fracking) en EEUU y permitiría a las empresas estadounidenses desafiar la prohibición del fracking en Europa, tal y como como está haciendo en estos momentos la compañía energética estadounidense Lone Pine Resources, que se apoya en las normas del NAFTA para demandar al gobierno canadiense por la moratoria sobre el fracking en Quebec.

6 – Un ataque a los servicios públicos

El TTIP no sólo intenta reducir las regulaciones en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria, sino que pretende afianzar la liberalización de los mercados de servicios, incluida la apertura de servicios públicos tales como la sanidad, la educación o la gestión del agua a compañías privadas. Algunas empresas estadounidenses están especialmente interesadas en acceder a los servicios públicos de sanidad europeos, a los que ven como vastos mercados esperando ser explotados. El gobierno estadounidense ha confirmado que usará el TTIP para abrir los mercados de servicios europeos en beneficio del capital estadounidense, y concretamente que "cuestionará el funcionamiento de cualquier monopolio designado" en el ámbito de los servicios públicos. Algunos miembros del Parlamento británico han dado la alarma y han advertido que el TTIP podría "destruir" el Servicio Nacional de Salud si las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse contratos de gestión clínica.

La Comisión Europea ha declarado que los servicios públicos se mantendrán al margen de las negociaciones del TTIP en virtud de una cláusula sobre exclusión de servicios "proporcionados en el ejercicio de autoridad gubernamental", descrita en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (GATS, por sus siglas en inglés). No obstante, también reconoció en el pasado que esta cláusula no protege a los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser efectivamente excluidos. En consecuencia, la UE se vio obligada a introducir una restricción más a la lista original de 1995 sobre compromisos en materia de servicios, para asegurarse de que sus servicios públicos quedaban exentos de las normas del GATS. Sin embargo, desde entonces la Comisión ha tratado de dejar atrás esta exención sobre los "servicios públicos", argumentando que desea fervientemente que los servicios públicos estén incluidos dentro de los acuerdos comerciales de la UE, a excepción solamente de los servicios asociados a la seguridad, como el sistema judicial, la vigilancia de fronteras o el control del tráfico aéreo.

Además del proyecto de traspaso de los servicios públicos a compañías con fines lucrativos, uno de los efectos más insidiosos de un acuerdo de libre comercio como el que nos ocupa es el hecho de que después de su privatización, a los países les resulta prácticamente imposible recuperar sus servicios públicos. Este efecto, por el que los gobiernos quedan "atrapados", se extenderá incluso más si el TTIP adopta el planteamiento de la "lista negativa", contemplado en el nuevo acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá, y por el cual todos los sectores de servicios se entregan a la liberalización a menos que estén señalados expresamente como excepciones (el modelo "list it or lose it", algo así como "ponlo en la lista o piérdelo"). Esto supone un giro dramático que se aleja del planteamiento de la "lista positiva" tradicionalmente usado por la UE, donde solamente los sectores propuestos activamente para ser incluidos en el listado están abiertos a la competencia de compañías extranjeras. Algunos grupos empresariales europeos se han unido a sus contrapartes estadounidenses para pedir que se use el planteamiento de la lista negativa en el TTIP, con el objetivo de incluir en la liberalización al mayor número posible de sectores de servicios.

Asimismo, si las medidas de protección a los inversores se incluyen en el TTIP, los inversores extranjeros podrán demandar a los países donde inviertan por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas. Cuando en 2006 la ciudadanía votó por un gobierno de izquierdas en Eslovaquia como reacción a la impopular privatización de los servicios sanitarios, una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno fue limitar la capacidad de las empresas de seguros privados de obtener beneficios a costa del sistema de sanidad público. En respuesta, diversas compañías de seguros médicos demandaron al gobierno eslovaco por perjuicios; la empresa holandesa Achmea acabó embolsándose 29,5 millones de euros en activos públicos a modo de "indemnización". En un caso sin precedentes presentado en 2013, Achmea intenta ahora usar los mismos argumentos para impedir al gobierno eslovaco establecer un sistema de cobertura sanitaria pública para toda la ciudadanía del país.

La amenaza que supone el TTIP para los servicios sanitarios ha suscitado inquietud incluso dentro de la misma Comisión Europea. Bernie Merkel, jefe de la Unidad de Sistemas de Atención Sanitaria de la Comisión, ya ha advertido que la UE va a tener que luchar para defender las disposiciones en materia de salud pública frente a las exigencias por parte de los EEUU, que quieren acceder a este nuevo mercado a través del TTIP. En un discurso en el marco del Foro Europeo de la Salud en octubre de 2013, Merkel aconsejó a la ciudadanía no hacerse ilusiones ni pensar que este acuerdo comercial es una oportunidad para mejorar las normativas en materia de atención sanitaria o acceso a los medicamentos: "No deben olvidar que América va bien para aquellos que tienen dinero, pero no tan bien para los que no".

Al mismo tiempo, no obstante, es la Comisión Europea la que trata de usar el TTIP para debilitar regulaciones importantes en materia de finanzas que se introdujeron a raíz de la crisis de 2008. A pesar del reconocimiento unánime de que la "regulación mínima" fue una de las causas principales de la quiebra del 2008, la Comisión intenta ahora profundizar en la desregulación exigiendo que el asunto se incluya en las conversaciones del TTIP. La agenda la está marcando el gobierno del Reino Unido en nombre de su poderoso grupo de presión de servicios financieros en la City de Londres, así como el gobierno alemán en nombre de su sector bancario; sin olvidar a los bancos más importantes de Estados Unidos, deseosos de usar el TTIP para debilitar las nuevas regulaciones introducidas por la Ley Dodd-Frank del gobierno de Obama. El gobierno estadounidense ya se ha mostrado de acuerdo en negociar una rebaja de las normas que regulan el acceso a los mercados de servicios financieros, incluida la eliminación de los controles de capitales.

Además de la apertura de los servicios públicos, la Comisión Europea y el gobierno estadounidense tienen la intención de usar el acuerdo comercial para abrir la adjudicación de contratos públicos a la competencia del sector privado. Esto tendrá como consecuencia que muchos gobiernos locales ya no estarán autorizados a hacer políticas de adjudicación a favor de fines sociales y medioambientales importantes. La UE ya ha anunciado la voluntad de eliminar las populares disposiciones Buy America, establecidas para favorecer el empleo y las empresas locales en muchos de los estados de EEUU. El gobierno estadounidense, por su parte, ha manifestado su intención de revisar los sistemas de contratación de la UE, como los programas de alimentos locales fomentados en las escuelas y otros organismos públicos. Una vez más, las únicas beneficiadas serán las corporaciones transnacionales, que desbancarán a los proveedores locales y se harán con sus contratos.

Pero ninguna de estas inclusiones es inevitable. Mediante la "excepción cultural", que ha protegido tradicionalmente la industria cinematográfica nacional francesa de la competencia externa, el gobierno francés anunció en junio de 2013 que había conseguido dejar los servicios audiovisuales fuera del mandato del TTIP de la Comisión Europea, pese a la oposición del Reino Unido, Alemania y la misma Comisión. En un debate acalorado en el Consejo Europeo de Asuntos Exteriores, Francia amenazó con vetar el inicio de las negociaciones del acuerdo si no se respetaba la excepción cultural. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha declarado que "luchará enérgicamente" en nombre de su industria cinematográfica y televisiva para que se incluyan los servicios audiovisuales en las negociaciones. Claramente molesta por no haber podido obtener vía libre para todos los sectores, la Comisión Europea insiste en que no se harán excepciones con los servicios audiovisuales, y quizás intente volver a incluirlos en el TTIP en una fase más avanzada de las negociaciones.

7 – La privacidad en peligro

Aunque este acuerdo comercial esté principalmente orientado a desregular para favorecer el comercio, también trata de incrementar los beneficios de las corporaciones limitando a las personas el acceso a la información. El capítulo del TTIP referente a los derechos de propiedad intelectual contiene disposiciones relativas a derechos de autor, patentes y marcas con vistas a fortalecer el control de las corporaciones sobre el conocimiento en detrimento del acceso público en la UE y los EEUU. Podrían desaparecer importantes exenciones de derechos de autor para escuelas, bibliotecas, personas con discapacidades y educación a distancia. Asimismo, la industria farmacéutica está intentando usar el acuerdo para restringir el acceso público a los datos de ensayos clínicos, lo que afectará a la transparencia y elevará los costes para los sistemas nacionales de sanidad en el futuro.

Un documento filtrado de la Comisión Europea ha suscitado temores, a su vez, de que el TTIP incluya aspectos centrales del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), el cual ya fue rechazado por el Parlamento Europeo en 2012. Esta ley fue denunciada extensamente en toda Europa por ser un ataque a las libertades civiles, pues contemplaba obligar a los proveedores de internet a controlar la actividad en la red e informar sobre personas sospechosas de infringir las disposiciones sobre derechos de autor. Los y las eurodiputadas rechazaron el ACTA por una mayoría abrumadora de 478 a 39. Esta fue la primera vez que el Parlamento Europeo hacía uso de los nuevos poderes en virtud del Tratado de Lisboa para rechazar un acuerdo comercial internacional. David Martin, el eurodiputado escocés que ejerció de ponente sobre el ACTA, advirtió a los miembros del Parlamento que sería impensable aceptar un acuerdo que ha sido negociado en secreto y presentado al Parlamento Europeo ya como un hecho consumado.

El TTIP también debilitará las leyes de privacidad de datos ya que facilitará a las compañías el acceso a información personal con fines comerciales. La Comisión Europea ya ha rebajado la normativa de la Unión en materia de privacidad de datos con el objetivo de allanar el terreno a la coherencia reglamentaria a la que aspira el TTIP, eliminando medidas clave de protección contra el espionaje de las agencias de inteligencia estadounidenses a la ciudadanía europea. Lo más irónico es que, como revelan documentos sacados a la luz por Edward Snowden, el gobierno estadounidense ha pinchado las oficinas de la UE en Nueva York, Washington y Bruselas y se ha infiltrado en su red informática para tener acceso a correos electrónicos y documentos internos de la Unión. En respuesta a declaraciones de miembros del Parlamento que exigen la interrupción de las conversaciones en torno al TTIP a la luz de este escándalo, la Comisaria de Justicia de la Unión, Viviane Reding, se mostró de acuerdo: "No podemos negociar sobre un gran mercado transatlántico mientras exista la más mínima duda de que nuestros socios están llevando a cabo actividades de espionaje en las oficinas de nuestros negociadores".

8 – La resolución de disputas entre inversores y Estados: una amenaza para la democracia

Pero la amenaza más grande que se deriva del TTIP quizás sea su intención de conceder a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a países concretos por pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones de política pública. Esta disposición para la resolución de disputas entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) no tiene parangón en sus consecuencias, pues equipara la condición jurídica del capital transnacional a la del Estado nación. Si se aprueba el TTIP, se les otorgará a las corporaciones europeas y estadounidenses el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por Estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten de forma adversa a sus beneficios.

Los EEUU han insistido en incluir el ISDS en casi todos sus acuerdos bilaterales de inversión hasta la fecha, y solamente Australia ha conseguido ser la excepción. Según el ISDS, las compañías pueden demandar por daños y perjuicios al país donde lleven a cabo sus actividades incluso aunque no tengan ningún contrato con su gobierno. Además, se permite a los inversores evitar los tribunales nacionales y presentar sus demandas directamente en tribunales de arbitraje internacionales, incumpliendo la norma tradicional de agotar las posibilidades a nivel local antes de recurrir a tribunales internacionales. En algunos casos, compañías nacionales se han reinventado para pasar por inversores "extranjeros" y así poder sacar provecho de los privilegios que concede el ISDS, demandando a su propio gobierno.

Los tribunales de arbitraje no dejan de ser tribunales irregulares. Los árbitros no son jueces titulados con autoridad pública como en los sistemas de justicia nacionales, sino un pequeño grupo de abogados corporativistas nombrados según las necesidades y con intereses personales para fallar a favor de las empresas. Los tribunales se reúnen en secreto, y sus árbitros han sido considerados culpables de tantas aplicaciones erróneas de la ley que incluso aquellos que defienden la idea del arbitraje internacional admiten que estos han perdido toda credibilidad. En una declaración pública firmada por más de 50 profesores de derecho y otras personas del mundo académico se pide la abolición de este sistema y el retorno de las competencias judiciales a los tribunales nacionales.

Allá donde se ha incluido el ISDS en tratados bilaterales de inversión u otra clase de acuerdos comerciales, los daños producidos a la política pública y a la democracia ya son significativos. Algunos de los ejemplos más destacados son:

?? La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán 3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la producción de energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima. Vattenfall ya se salió con la suya cuando cuestionó la normativa medioambiental de la ciudad de Hamburgo, que finalmente fue rebajada a causa de las presiones de la compañía.

?? En uno de los múltiples casos de ISDS presentados contra Canadá después de la entrada en vigor del NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense Ethyl. Posteriormente, en un caso sobre derechos en materia de agua y madera, Canadá tuvo que pagar 122 millones de dólares a la compañía papelera canadiense AbitibiBowater, la cual hizo uso de las reglas del NAFTA para demandar a su propio país desde su sucursal en los EEUU.

?? La gigante tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad. Philip Morris demandado también a Uruguay por sus medidas para combatir el tabaquismo en el país, que obligan a que las advertencias gráficas sobre los riesgos que fumar conllevan para la salud cubran el 80% del paquete de cigarrillos.

?? Ningún estado se ha visto tan afectado por casos de ISDS como Argentina, muchos de ellos relacionados con la decisión del país en 2002 de desvincular el peso argentino del dólar estadounidense. Después de muchos años de litigio en torno a estos casos, en octubre de 2013 se obligó al gobierno argentino a pagar más de 500 millones de dólares para satisfacer las demandas de cinco compañías.

?? En la mayor indemnización fruto del ISDS efectuada hasta la fecha, se ha obligado a Ecuador a pagar a la compañía Occidental Petroleum 1.770 millones de dólares como indemnización por haber rescindido el contrato con el gigante petrolífero, al violar este último las leyes del país. Otro tribunal desechó la demanda interpuesta por Ecuador, que reclamaba 19.000 millones de dólares a Chevron por haber contaminado la selva amazónica durante dos décadas.

El uso de los procesos de ISDS por parte de las corporaciones transnacionales se está extendiendo como una pandemia. Se sabe que se han presentado más de 500 casos contra al menos 95 países, 400 solamente en los últimos 10 años.63 Y se sospecha que se han iniciado muchos más sin que se haya hecho público, dado el secretismo con el que se llevan a cabo los procesos.

Funcionarios gubernamentales de toda Europa están poniendo en tela de juicio la conveniencia de incluir el ISDS en el TTIP. El gobierno del Reino Unido encargó a la London School of Economics un informe de evaluación de impacto sobre los costes y los beneficios que resultarían de incluir la protección a inversores en un acuerdo entre la UE y los EEUU. El informe llegó a la conclusión que si esto sucediera, el Reino Unido se vería expuesto a un número de litigios y costes incluso mayor del que ha sufrido Canadá después de haber entrado en vigor el NAFTA. El aumento de las inversiones resultado del acuerdo, por el contrario, sería "casi con total seguridad" inexistente (hasta ahora ninguno de los acuerdos bilaterales con países industrializados han llevado a un incremento de las inversiones provenientes de los EEUU). Los autores del informe aconsejaron al gobierno que recapacitara sobre la conveniencia de incluir la protección de inversores en el TTIP.

La Comisión Europea ya ha decidido qué tipo de sistema de ISDS desea incluir en el TTIP. Sin embargo, su postura ha levantado críticas por parte de grupos de la sociedad civil (como muestra la carta conjunta remitida por 200 organizaciones europeas, estadounidenses e internacionales en diciembre de 2013) y también por parte de numerosos Estados miembros de la UE. En respuesta a estas críticas, la Comisión anunció en enero de 2014 que suspendería las negociaciones en torno al ISDS dentro del TTIP durante tres meses para llevar a cabo una "consulta" entre la ciudadanía europea. Comentarios posteriores realizados por Karel de Gucht, comisario de Comercio de la UE, revelan que lo que se pretende con ello es convencer a la opinión pública escéptica sobre las bondades del ISDS y en ningún caso replantearse la postura de la Comisión.

9 – La resistencia crece

Los movimientos contrarios a este acuerdo comercial están creciendo a los dos lados del Atlántico, pues la gente es cada vez más consciente de las consecuencias que tendrían estas negociaciones en tantos aspectos de su vida. Activistas a favor de la salud pública, el medio ambiente y la justicia social están uniendo fuerzas con sindicatos y grupos de consumidores tanto en Europa como en los EEUU para oponerse a la agenda desreguladora del TTIP. Diputados y diputadas de toda Europa han expresado su preocupación por las consecuencias del acuerdo…

Otras potencias comerciales a nivel mundial también se muestran preocupadas por el impacto que puede tener el TTIP en sus intereses. La urgencia por profundizar las relaciones entre la UE y los EEUU mediante el acuerdo se percibe generalmente como un intento de dejar al margen economías emergentes como China, Brasil e India, que en estos momentos amenazan la hegemonía de las potencias capitalistas tradicionales. La Comisión Europea ha declarado que el TTIP no solamente va a establecer normativas para la UE y los EEUU, sino que cabe esperar que sus socios comerciales adopten las mismas normativas si no quieren quedarse al margen de la economía global…

En última instancia, el TTIP es un acuerdo diseñado para beneficiar a las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses que quieren expandir su acceso a los mercados y eliminar las normativas que limitan sus ganancias. Las voces que sugieren que el acuerdo puede repercutir positivamente, aumentando los estándares a ambos lados del Atlántico, parecen olvidar el origen, el contenido y la agenda desreguladora, razón de ser del acuerdo. Por estos motivos, la sociedad civil responde a las negociaciones haciendo un llamamiento para impedir el TTIP y aprobar en su lugar un tratado comercial que ponga a las personas y al planeta por delante de los beneficios corporativos…

En las siguientes páginas web se pueden encontrar campañas, noticias y estudios críticos sobre el TTIP:

?? bilaterals.org: aparecen las noticias más recientes sobre el acuerdo

?? s2bnetwork.org: la red europea Seattle to Brussels

?? citizen.org: Public Citizen (EEUU)

?? sierraclub.org: Sierra Club (EEUU)

Asimismo, se puede encontrar documentación oficial sobre el TTIP en las siguientes páginas web:

?? La Comisión Europea: ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip

(página en parte disponible en español)

?? Representante de Comercio de los Estados Unidos: www.ustr.gov/ttip (en inglés)

(John Hilary es director ejecutivo de War on Want. Ha publicado textos sobre una gran variedad de asuntos del ámbito del comercio y la inversión en los últimos 20 años, y en 2013 fue nombrado profesor honorario por la School of Politics and International Relations de la Universidad de Nottingham. Su nuevo libro, The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, se publicó en Pluto Press en octubre de 2013)

(La fundación Rosa Luxemburg es una organización internacional de izquierdas sin ánimo de lucro dedicada a la educación cívica y vinculada al partido alemán "Die Linke" (La Izquierda). Activa desde 1990, la fundación se ha dedicado al análisis de procesos y avances sociales y políticos a nivel mundial… www.rosalux-europa.info – www.rosalux.de)

(War on Want es una organización de activistas cuyo fin es luchar contra las causas últimas de la pobreza y la violación de los derechos humanos, como parte del movimiento mundial para la justicia social. www.waronwant.org)

Informe: Trade Sustainability Impact Assessment comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America – ECORYS – (28/4/14)

(Reproducción parcial)

(This report was commissioned and financed by the European Commission. The views expressed herein are those of the Contractor, and do not represent an official view of the Commission)

1 Background and introduction

• Background

Depth of the economic relationship and developments in trade and investment relationship between EU-US

The EU and US are the two most integrated economies in the world. This is through imports and exports of goods trade -since they are very integrated- but also through services trade, investments and strong commercial presence in each other"s economies. Hamilton & Quinlan give a short summary of these main economic elements in their annual publications on the EU-US economic relationship. Clearly from the work of these authors, services stand as the sleeping giant of the Transatlantic market place (Hamilton & Quinlan, 2012). We choose not to repeat these statistics but to refer to this research done and add some more general points:

? The longstanding relationship provides opportunities but also poses challenges for EU-US trade and investment relations.

? The EU and the US are each other"s main trading partners in goods and services and account for the largest bilateral trade relationship in the world.

? The transatlantic economies are among the freest in the world, but certainly not absolutely free.

? There is still significant scope for further trade and investment liberalisation through reductions in non-tariff measures since tariffs are already quite low between the countries.

? The EU and US realise the need for stronger transatlantic cooperation in light of increased competition from Asia, but that means significant alignment in non-tariff measures and regulatory convergence is needed.

? The approach chosen to look at aligning non-tariff measures needs to be chosen with care – so as not to lower standards, and to avoid treating differences in regulatory systems as simple trade barriers. This matters particularly with regard to consumer interests on product safety, and social and environmental standards.

? Although rapidly rising economies have gained much attention, the US and EU remain the heart of the global economy.

? In terms of structure, the two economies are broadly similar. The secondary sectors account for most trade, constituting about a quarter of output. Both the EU and the US are service economies, with the service sectors accounting for roughly 70 percent of all output. Together the two countries together account for almost half of the world trade making the two countries strong competitors on the global market.

? Concerns for the environment worldwide may have an impact on the EU – US trade and investment relationship.

? Social standards diverge relatively less between the EU-US when compared to third countries like Colombia, Peru, or the Eastern Neighbourhood countries and are more in line with -for example- the EU and Canada. Nonetheless, these are important to study and will be part of the analysis.

? In light of the TTIP negotiations this special position of Turkey needs to be recognised and kept in mind. Turkey has a Customs Union with the EU since 1996 which is the final step of Ankara Agreement Establishing an Association between Turkey and the EEC signed in 1963 and the Additional Protocol on tariff elimination schedule dated 1973. In 2009, the US and Turkey established the Framework for Strategic Economic and Commercial Cooperation (FSECC). On May 2013, with the ultimate objective of continuing to deepen economic relations and liberalize trade, Turkey and the US established the High Level Committee (HLC) with a special reference to the TTIP impacts on Turkey due to its Customs Union with the EU.

Major milestones in the (regulatory) relationship between EU-US

The EU and US have a long-standing history of cooperation. To do justice to this long history and show respect for the many initiatives, we here sum up the main steps in bullet form as part of the EU-US context that has led us to where we are now: after the fourth negotiating round of TTIP.

? The EU and US regularly discuss the transatlantic relation via EU-US Summits (to address economic cooperation and market integration at the highest political levels, to prevent disruptive and costly disputes and stimulate trade and investment flows by reducing both at-the-border and behind-the-border costs).

? In 1990, the Transatlantic Declaration came about as a result regular EU-US summits.

? In 1995, the New Transatlantic Agenda (NTA), the platform to work together to achieve the expansion of world trade and foster closer economic EU-US relations started.

? It also set up: the TABD (Transatlantic Business Dialogue), the TALD (Transatlantic Labour Dialogue which was suspended in 2000 citing the failure of the US Government to supply its share of funding), TAED (Transatlantic Environmental Dialogue) and the TACD (TransAtlantic Consumer Dialogue).

? In 1998, the Transatlantic Economic Partnership (TEP) came into force.

? In 1999 the Transatlantic Legislators' Dialogue (TLD) was established by the European Parliament and the US Congress to support and intensify the level of political discourse between American and European lawmakers.

? In 2002, agreements on Guidelines for Regulatory Cooperation and Transparency to encourage EU and US agencies to consult with each other on a voluntary basis were established.

? 2004 saw the design of a Roadmap for EU-US regulatory Cooperation and Transparency

? The May 2005 communication emphasised "A Stronger EU-US Partnership and a More Open Market for the 21st Century". From it, the EC identified regulatory co-operation as a prime objective of transatlantic co-operation.

? Following from the two initiatives before, in 2005, the High-Level Regulatory Co-operation Forum was set up to develop a joint regulatory work plan and the political leaders agreed to move forward in the fields of investment, public procurement, services and improvements in mutual recognition of professional qualifications.

? In 2005 Transatlantic Intellectual Property Rights (IPR) Working Group (previously known as the US-EU IPR Working Group) was established (It coordinates in three main areas under the US-EU IPR Action Strategy: engagement on IPR issues in third countries, customs cooperation, and public-private partnerships.

? In 2007 EU-US Summit launched the Transatlantic Economic Framework and the Transatlantic Economic Council (TEC) to help further strengthen EU-US economic integration.

? On the Annual EU-US Summit in 2009 an EU-US Energy Council was agreed to be established.

? In December 2011, the EU-US Summit announced the creation of the "High Level Working Group for Jobs and Growth" to look into the possibility of an EU-US Free Trade Agreement.

? In December 2012 European-American Business Council and TransAtlantic Business Dialogue decided to merge to form the Transatlantic Business Council from 1 January 2013 onwards.

? February 2013 The European Union and the United States – following a positive report by the HLWG on Jobs and Growth, announced their intention to conclude a free trade agreement (FTA) which would encompass both sides of the Atlantic.

? In July 2013 the first round of negotiations took place in Washington DC and in October 2013 the second round of negotiations is planned.

Differences in EU-US regulatory systems and the challenge of covering standards and regulations

It needs to be recognised that the EU and US regulatory systems are complex with many stakeholders involved, and that the regulatory systems are different from each other. In the US, US Congress has an important role to play in regulatory issues, through the committees of jurisdiction.

The regulatory agencies in the US are independent but are overseen by the executive. The complex US picture is further complicated by the fact that in various policy fields, US States have the power to introduce laws and regulations separate from the federal level. In the EU regulatory system, primary legislation is with the Council and European Parliament, while comitology and delegated acts lie with the European Commission. The EC has the negotiating mandate, given by the Council, but the EP as well as the Council can approve or reject the final deal altogether. The EU member states and the EP are informed in detail about the negotiations and have access to negotiation documents.

The multiple layers of complexity, from standards to regulations to conformity assessments create another challenge to addressing the regulatory divergences that exist between the EU and US. Many efforts have been made in the past -either at the technical level or at the highest political level- to achieve more convergence with limited success. The dilemma lies therein that conformity assessments can be technically aligned but would still be based on different underlying goals policies aim to achieve. So any "shock" to the regulatory system brought about by developments in national societies would create the potential for new regulatory divergences.

TTIP – a new style trade agreement

TTIP is a "new style" trade agreement that contains an important element of "regulatory cooperation" that goes beyond what has been included in more standard trade agreements before – with the possible exception of the EU-Canada Comprehensive Trade Agreement (CETA) where regulatory cooperation is included (Krstic, 2012). The inclusion of regulatory cooperation has several important implications. Some implications are the following:

? Because of the component of regulatory compatibility TTIP could lead
to different economic outcomes than the traditional trade agreements. Contrary
to tariff-driven trade agreements where those "inside" the FTA gain
and those "outside" lose, regulatory compatibility could also lead
to cost gains for firms in third countries who could thus benefit.

? Because of the component of regulatory compatibility, the EU and US political systems are engaged at a much more fundamental level than before. For example, in the US the House Ways & Means and Senate Finance Committee are committees of jurisdiction on trade policy -but TTIP goes beyond that if regulatory cooperation in- for example – financial services, energy, food safety or other areas are also discussed. This would involve many more House and Senate committees as well as a vast array of independent regulatory agencies.

? Because of the component of regulatory compatibility, the expected societal impact of TTIP -apart from its sheer size as already explained above- could be much greater than the impact of a traditional trade agreement. This warrants an in-depth study of potential societal impacts of TTIP.

? Because of the component of regulatory compatibility, focus on the details of what is discussed is important. The regulatory effect of TTIP depends on what is actually agreed. This is different from tariff reductions that are transparent and uni-dimensional, where -given the production structure of the economy- effects can be investigated more easily. Non-tariff measures are multi-dimensional (regulations, certification, conformity assessments) and much more difficult to analyse.

Civil society and TTIP

Civil society organisations play a very important role in voicing concerns of their constituents in particular and EU citizens in general. And as such, civil society will be involved and informed as much as possible throughout the unfolding of the TTIP negotiations. In light of the last two issues mentioned above with regard to the regulatory cooperation element that is part of the TTIP negotiations, information dissemination, discussions based on arguments and facts and transparency are crucial elements that need to be addressed.

Over the last months, we have seen a strong increase in activity from civil society organisations regarding TTIP. This is a development that we welcome, and that we as Ecorys want to further facilitate through this Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) on TTIP. Since the start of the study, we have started to receive inputs from various stakeholders, have been invited for workshops and seminars and invite stakeholders to provide us with their inputs, concerns, and views on TTIP. A "stakeholder" for Ecorys is any person who or any organisation that has a view on TTIP. We see debates and get views on food safety standards, GMOs, ISDS, overexploitation of natural resources, TTIP effect on CO2 emissions, etc. These are all important issues that deserve to be debated and see views of society reach the negotiators – it is that platform that Ecorys wants to provide through this Trade SIA.

• Results on impact assessment studies so far

As mentioned in the previous section, the negotiations on the comprehensive trade and investment agreement currently taking place between the EU and the USA (TTIP) are a result of long and preparatory dialogues and cooperation. As the comprehensive cooperation between the EU and the US became more and more concrete over time, the need for independent studies examining the impact of such increased cooperation became more pressing. The discussions on increased cooperation between the EU and the US have often been backed with reports and statements from negotiating parties, but after the launch of the Transatlantic Economic Council (TEC) and the Transatlantic Economic Framework the European Commission started commissioning more independent studies that would simulate the potential impact of the increased cooperation. Since that time, a number of studies on the overall expected impacts from increased EU US cooperation in trade and investment have been published. These studies have mostly focused on impacts at macroeconomic level and were based on the best possible assumptions of the foreseen cooperation between the EU and the US at the time. Still, the scenarios studied and the economic modelling assumptions taken varied and, as a result, different estimations on the likely impacts of an EU US trade and investment agreement differ. Moreover, the debate on TTIP has been further fuelled by some studies that estimate the impact of an EU-US agreement on Member State level. Examples are the contributions from Francois & Pindyuk (2011) for Austria, the Kommers-Kollegium for Sweden (2012), CEsifo for Germany (2013) and Ecorys for the Netherlands (2012). Some of them also report effects for the EU as a whole and the findings will be used -where relevant- for this Trade SIA.

Firstly, before the European Commission enters into official
negotiations with any trading partner, they are obliged to conduct a Commission
staff Impact Assessment. For the negotiations on the TTIP, this impact assessment
was conducted in 2013 (EC, 2013). The assessment is conducted based on the EC"s
general impact assessment guidelines and bases its main impact assessment results
on the CEPR (2013) study. The impact assessment specifically focused on the
motor vehicles, insurance and electronic equipment industries and evaluated
the expected impacts in those sectors in more detail. According to the CEPR
(2013) study, the motor vehicles and insurance industries in the EU are expected
to expand, whereas the electronic equipment industry was expected to decline.

Table 1.1 summarises the main impacts on macroeconomic level for the most commonly included indicators, both for the EU and for the US from a selected number of studies. This table of results will be extended throughout the Trade SIA and the findings from these studies will be used in the assessment where relevant. This table is however not exhaustive and the overall economic impact assessment will be based on other existing materials as well. The results in the table are a simplified representation of the wealth of information and results included in each of the studies, but the overall impact on GDP or national income can be used to understand the differences in the models and assumptions. The numbers presented in the table represent the most ambitious scenarios taken in each study, but the results for all scenarios (even the most modest ones) are all positive for both the EU and the US. The studies differ in terms of the expected effects on third countries, where the Bertelsmann Stiftung (2013) finds relatively strong negative effects on third countries and the CEPR (2013) estimates mostly positive effects from a TTIP on third country markets. Rather than discussing which result is more likely to occur, we note -as stated above- that the benefits for third country markets critically depend on whether third-country spill-overs are expected and on the stringency of potential Rules of Origin applied in the agreement and the effects of standard setting in the regulatory component of the agreement. A common EU-US standard could become a de facto world standard.

The results on the EU and the US differ between the studies mostly due to differences in assumed liberalisation scenarios, as well as differences in the economic modelling techniques. Even though all studies apply Computable General Equilibrium (CGE) models of some sort, the different specifications and data sources used trigger different outcomes. All studies also recognise that in the most ambitious scenario, most of the tariffs applied on bilateral trade could be removed and that most of the gains in economic growth from the agreement stem from aligning NTBs (roughly speaking 80 percent due to NTM alignment and 20% due to tariff reduction).

Since these and other valuable contributions have already been made and are used by policy makers and the public, it is the aim of this Trade SIA to take the results from these studies as a basis and go beyond them by expanding on the expected social, environmental and human rights effects as well as providing more detail on the expected sectoral level impacts. The main -but not only- source for our quantitative analysis will be the CEPR (2013) report, in line with the Terms of Reference. Though also this study uses a model that is an abstract of reality, having compared this work with others, this work is by far the most comprehensive and globally comparable study done on TTIP so far. We find the following elements of particular importance:

? The study uses one of the most tested and (academically and empirically) challenged CGE models for trade policy modelling (Francois, Van Meijl & Van Tongeren, 2005) – a model that has been upgraded following the use in various earlier TSIA work;

? The study uses the most comprehensive global dataset available with data for over 160 countries and 58 sectors therein – no other dataset has this reach or coverage, allowing us to really look at the global implications of TTIP as well as allow for intersectoral links within and between economies;

? The study covers third countries in its approach – which is important for this analysis – and also includes modelling the regulatory impact for third countries;